Es necesario "dinamizar los acuerdos entre entidades bancarias para que haya seguridad jurídica en las remesas que se envían" y señala la urgencia de "que la persona receptora pueda plantearse planes de futuro" con un acceso al crédito bancario y a "planes de futuro" a partir de los fondos que recibe de familiares en otros países

28-04-2008 - Milagros Hernando, directora de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo e Iñigo Moré, director de remesas.org, analizan las características del envío de dinero que las personas inmigrantes hacen a sus países de origen.

Las remesas, cantidades de dinero enviadas por las personas emigrantes a sus países de origen, han sido durante varias generaciones una gran ayuda para los familiares que permanecen en los países de origen. En los últimos años las cantidades anuales de dinero han llegado a ser tan grandes que en algunos países han desplazado a las exportaciones tradicionales como la principal fuente de ingresos de la economía nacional.

Las remesas que los inmigrantes que viven en España envían a sus países de origen suponen "prácticamente el doble de la cantidad que dedica España a la ayuda oficial al desarrollo", ya que alcanzaron en 2007 los 10.000 millones de euros, mientras que la ayuda oficial al desarrollo alcanzará en 2008 los 5.000 millones de euros, según asegura la directora general de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Milagros Hernando.

"Afán de rapiña"

Hernando señala que los gobiernos de los países receptores de dinero "intentan cobrar impuestos por las remesas que reciben", lo que califica de "afán de rapiña", mientras que "los países del Norte intentan contabilizarlas en el apoyo que ofrecen a los países receptores". Estos últimos "temen que las transferencias privadas sustituyan a la ayuda oficial", lo que "no es el objetivo del Gobierno de España", asegura.

Según dice, a los 8.300 millones en remesas que se enviaron en 2007 por los canales oficiales, se suma una cantidad "del 30 por ciento aproximadamente a través de canales no formalizados".

Para la directora general de Planificación de Políticas para el Desarrollo, es necesario "dinamizar los acuerdos entre entidades bancarias para que haya seguridad jurídica en las remesas que se envían" y señala la urgencia de "que la persona receptora pueda plantearse planes de futuro" con un acceso al crédito bancario y a "planes de futuro" a partir de los fondos que recibe de familiares en otros países.

Por su parte, Iñigo Moré, director de Remesas.org, entidad especializada en el envío de dinero de los emigrantes a sus países de origen, asegura que "si las remesas dejaran de llegar a los países de destino, sería un cataclismo económico para esas naciones". Moré indica que "la aplicación de la legislación europea llevará en poco tiempo a que cualquiera pueda realizar un envío de dinero" a otro país, lo que califica de "democratización financiera" y llevará a que termine el monopolio actual de los bancos.

Para Moré, "la regulación en el envío de remesas hace que los que las envían busquen formas alternativas de hacerlo", y cita la obligación de justificar el origen del dinero para envíos a partir de 3.000 euros, mientras que "el dinero se puede llevar en metálico de un país a otro no tienen límite". En ese sentido, "el 20 por ciento de las remesas que van a Rumanía llegan en autobús".

España, tercer país en envío de remesas del mundo

En el mercado de las remesas, está habiendo un "cambio", que consiste en que "los remesadores se compran unos a otros", además de que "los bancos están entrando en ese mercado". Según asegura, España es el tercer país en envío de remesas del mundo. "España está ahora en el momento álgido de envío de remesas", ya que "los inmigrantes empezarán a enviar menos dinero desde 2009, cuando crezcan sus gastos en España, además de que llegarán menos inmigrantes en un futuro próximo", afirma.

Propuestas para que las remesas se conviertan en un instrumento de desarrollo

“Hoy en día, una de cada 10 personas en el mundo está relacionada directamente con las remesas. Aproximadamente, 125 millones de trabajadores envían dinero para apoyar a 500 millones de familiares que permanecen en su país de origen”. Afrima Donald Terry, director del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en su informe 'A la vista de todos pero invisibles: el caso de las remesas'.

Desde 1993, como parte del Grupo BID, el FOMIN es un motor de impulso para el desarrollo innovador del sector privado en América Latina y el Caribe, usando donaciones e inversiones para ayudar a las micro y pequeñas empresas . De esta manera, ha establecido un conjunto de recomendaciones para las instituciones de remesas, los organismos públicos y la sociedad civil, y colabora activamente con otras organizaciones internacionales a fin de mejorar la calidad de los datos sobre remesas y el impacto de estos flujos en la vida de las personas.

La entidad intenta apoyar el impacto de desarrollo de remesas haciendo más seguras y baratas las transferencias de dinero y poniendo los servicios bancarios formales al alcance de las personas que envían y reciben remesas. La organización promueve la propuesta de instituciones que promuevan proyectos que apoyen el desarrollo de instrumentos financieros y fondos de inversión destinados a aprovechar el capital de los emigrantes en la creación de nuevas empresas y otras aplicaciones innovadoras. Puedes acceder desde la web del FOMIN a las directrices para proponer proyectos.

Enlaces relacionados:

Remesas.org
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Canal Solidario

Comisiones Obreras ha exigido hoy a la Administración que redoble la vigilancia a través de sus Servicios de Inspección de Trabajo ante el 'preocupante' panorama laboral de muchos inmigrantes que, a consecuencia de la crisis económica, pueden verse sometidos a situaciones equiparables a la esclavitud.

25-04-2008 - Así lo ha puesto hoy de manifiesto el secretario de Organización y Finanzas del sindicato en Andalucía, Miguel Ángel Soto, quien ha advertido en rueda de prensa sobre los 'graves' efectos que la actual recesión puede tener especialmente en el colectivo inmigrante y en el recrudecimiento de la economía sumergida.

Según ha explicado, buena parte de los inmigrantes que actualmente residen en la comunidad, 300.000 de ellos trabajadores en activo, 'seguramente' se quedarán en una situación de desempleo, que además no estarán protegidos al no haber cotizado a la Seguridad Social.

A su juicio, el colectivo será 'presa' de la economía sumergida, en la que se va a desarrollar, ha dicho, una 'competencia brutal' que redoblará sus actuales abusos y condiciones laborales, lo que será 'difícil de atajar'.

'Vamos a tener que redoblar esfuerzos y estar vigilantes para que no se produzcan situaciones casi de esclavitud', ha considerado el sindicalista, quien ha participado junto a la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO Andalucía, Rosa Berges, en la 'Jornada de Inmigración y Mercado de Trabajo' y la presentación de una guía de extranjería.

Por su parte, Berges ha dicho que, aunque la crisis económica tendrá incidencias negativas en los inmigrantes, precisamente son ellos los que mayor capacidad de movilidad laboral y territorial tienen, lo que puede contribuir a frenar sus efectos.

Los sectores más afectados serán básicamente, según la secretaria de CCOO, la construcción y los servicios, mientras que la agricultura previsiblemente sabrá adaptarse mejor a la situación.

Según el sindicato, en total, más de 500.000 personas están registradas como inmigrantes en la comunidad, de los que 200.000 aproximadamente se han dado de alta en la seguridad social con un contrato de trabajo.

Entre los hombres, la tasa de actividad laboral en Andalucía se sitúa en el 85 por ciento, una cifra que en el sector femenino es algo más baja, situándose en el 67 por ciento.

CCOO ha presentado una serie de propuestas para trabajar con las políticas migratorias como son la lucha contra la discriminación dentro de las empresas, la integración de los inmigrantes en los sindicatos, la creación de una Agencia Estatal de Inmigración, la planificación de la capacidad de acogida anual de inmigrantes y la organización de la contratación en origen.

También consideran que hay que denunciar por la vía penal a los empresarios y a las mafias que explotan a extranjeros y por que esta población pueda votar en las elecciones municipales.

Durante el transcurso de las jornadas, se ha presentado la Guía de Extranjería editada por el sindicato en varios idiomas, que en breve empezará a distribuirse por toda Andalucía.

Se trata de un instrumento dirigido a inmigrantes y asesores de este colectivo en el que se detallan los requisitos legales a cumplir para regularizar la estancia en España y los instrumentos necesarios para que puedan solventar diferentes situaciones.

Terra Actualidad - EFE

Bajo el pretexto de la lucha contra la inmigración clandestina la Unión Europea está preparando una intensificación sin precedentes de sus controles fronterizos. Una vez más, la cuestión de las causas de la migración hacia los países del "Viejo Continente" y su responsabilidad en ella, queda fuera de la discusión.

27-02-2008 - ¿Cómo luchar contra la inmigración clandestina? ¿Cómo preservar los "valores culturales" del Viejo Continente ante el creciente flujo migratorio? En resumidas cuentas, ¿cómo cerrar a "cal y canto" las puertas de la "fortaleza europea" ante la presión demográfica ejercida por la llegada masiva de ciudadanos extracomunitarios a los 27 países que integran la Unión?

El Comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, realizó una propuesta que contempla la creación de un sistema de vigilancia informática en las fronteras exteriores de la UE. Se trata de un sofisticado registro de huellas dactilares y datos biométricos destinado a controlar las entradas y salidas de los casi 300 millones de viajeros que cruzan anualmente este "club de la opulencia". A estas medidas se añade otra exigencia: los ciudadanos de países extra europeos tendrán que solicitar vía Internet una autorización previa a cualquier desplazamiento a los estados miembros de la UE. Esta normativa recuerda las medidas adoptadas después de los atentados del 11 de septiembre por las autoridades de inmigración estadounidenses y australianas. En el caso de ser aprobada por el Parlamento europeo, la iniciativa de Frattini podría adquirir un carácter vinculante.

Estas tardías y poco convincentes propuestas del ejecutivo comunitario reflejan el malestar generado en varios países de la UE por la ausencia de políticas comunes de inmigración coherentes y eficaces.

En Francia, el desconcierto en materia de inmigración desembocó, en 2004, en la adopción de una nueva normativa de residencia que exige a los inmigrantes el respeto de los valores republicanos, el conocimiento del idioma y la aceptación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. La ley, elaborada por el entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, no descarta la posibilidad de que los infractores reincidentes sean expulsados del suelo francés.

En España, el país comunitario que registró en la última década la mayor tasa de crecimiento de flujos migratorios, la cuestión de la población extranjera salta a la palestra durante el acalorado debate que precede la campaña para las elecciones generales que se celebrarán el 9 de marzo.

El Presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, manifestó que si su agrupación política se alza con la victoria, obligará a los inmigrantes a firmar un "contrato de integración" que preconiza el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto de las costumbres españolas, el conocimiento del idioma, la inmersión en la sociedad del país de acogida, así como el compromiso de regresar voluntariamente a sus respectivos países de origen en el caso de no encontrar empleo durante un período de 12 meses. Se contempla, además, la expulsión inmediata de los delincuentes extranjeros, medida que cuenta con la aprobación de la inmensa mayoría de los inmigrantes, poco propensos a que se les asocie con bandas de malhechores. Las autoridades, por su parte, se comprometen a conceder a los inmigrantes los mismos derechos de los que disfrutan los ciudadanos españoles, a facilitar su integración y respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a la normativa jurídica. Según el líder del PP, el contrato tendría carácter vinculante, lo que llevaría a la modificación de la Ley de Extranjería vigente.

Hay quien estima que el proyecto del Partido Popular es una mera copia de la "ley Sarkozy". Sin embargo, el presidente del PP trata de "vender" su propuesta a los líderes conservadores de la UE para que sirva de base para la elaboración de una nueva legislación comunitaria.

La iniciativa del PP aprovecha el malestar creado en España por el espectacular incremento de la tasa de paro entre la población inmigrante, más de 38,4% en los últimos 12 meses, que eleva el número de extranjeros desempleados a más de 240.700 personas.

Para los partidos de izquierda, estas propuestas infringen las normas del "contrato social", es decir, de un compromiso en que ambas partes aceptan y asumen tanto sus derechos como sus obligaciones. Pero que no requiere firma alguna.

¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? En la década de los 70, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe en el que se señalaba que los habitantes de los países industrializados, el 18% de la población mundial, controlaban 80% de los recursos del planeta. Advertían los autores que eso iba a generar importantes flujos migratorios del Sur hacia el Norte. Y en los últimos 30 años las políticas de desarrollo y de inmigración han brillado por su ausencia. En este contexto, quienes pretenden recurrir a la vigilancia informática de las fronteras comunitarias tratan de eludir, por enésima vez, el debate sobre las verdaderas raíces del problema.

Adrián Mac Liman
CCS

Iguales en el trabajo

Más que "integración", muchos inmigrantes necesitan un contrato de trabajo, en lugar de verse sometidos a la explotación laboral más impune e infame por parte de empresarios desaprensivos

26-02-2008 - En Madrid viven ya más de 900.000 extranjeros empadronados. Suponen más del 14 por ciento de la población madrileña y cerca del 20 por ciento de todos los inmigrantes que viven en España. El número de inmigrantes ha crecido de manera muy importante desde el año 2000. Es absurdo plantear que el crecimiento ha sido mayor en los últimos años. No hay que olvidar que bajo el Gobierno del Partido Popular, entre los años 2000 y 2004, el número de inmigrantes censados en Madrid creció en más de 600.000 personas, hasta alcanzar las 780.000 personas extranjeras empadronadas.

Es absurdo plantear que el “efecto llamada” depende de los dos procesos de regularización llevados adelante por el PP o del proceso de normalización desarrollado por el PSOE en virtud del acuerdo con empresarios y sindicatos. El “efecto llamada” se produce porque la economía demanda trabajadores en sectores que no cubren los empleados españoles y porque hay empresarios dispuestos a emplear trabajadores sin contrato, vulnerando leyes, convenios colectivos, salarios y condiciones de trabajo.

Casi el 50 por ciento de los extranjeros son de origen latinoamericano. Casi el 35 por ciento proceden de Europa, sólo el 12 por ciento vienen de África y poco más del 5 por ciento de Asia. Los usos, las costumbres y la cultura de la gran mayoría de los inmigrantes que viven en Madrid son perfectamente compatibles con las de los españoles y no parece que venga a cuento andar planteando por ahí la necesidad de un “contrato de integración”. La Ley es igual para todos y los poderes públicos deben velar por su cumplimiento. Más que “integración”, muchos inmigrantes necesitan un contrato de trabajo, en lugar de verse sometidos a la explotación laboral más impune e infame por parte de empresarios desaprensivos que convierten la necesidad en oportunidad de negocio.

Los inmigrantes han venido a trabajar, a ganarse la vida, a enviar recursos para sus familias en sus países de origen. Ni más ni menos que lo que millones de españoles hicimos hace pocas décadas en Alemania, Francia o Suiza. Han venido a quedarse y, aunque algunos retornen a sus países de origen, sus hijos se quedarán aquí. Son una nueva realidad en el empleo y la sociedad que no tiene vuelta atrás. Cuanto antes lo asumamos y afrontemos el reto laboral y social de la igualdad, más problemas económicos y sociales nos ahorraremos en el futuro.

Los inmigrantes madrileños aportan 2.000 millones de euros a la Seguridad Social porque suponen ya más del 14 por ciento de afiliados. Esa cantidad es casi un tercio del presupuesto sanitario y 23 veces más de lo que se gasta la Comunidad de Madrid en la Consejería de Inmigración, incluida toda la cooperación internacional. El incremento anual del fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar las futuras pensiones coincide precisamente con lo que aportan los inmigrantes a la Seguridad Social. El 23 por ciento de los pisos de segunda mano los compran los inmigrantes y el 33 por ciento de los pisos que se alquilan los alquilan ellos.

Eso sí, el 15,8 por ciento de los parados madrileños son inmigrantes. En el último año el paro de los españoles ha crecido un 4,9 por ciento y el de los inmigrantes más de un 31 por ciento. Uno de cada dos inmigrantes tiene un contrato temporal. Esa es la realidad.

No se puede integrar a los inmigrantes a golpe de pagarles fiestas, procesiones, casas regionales y redes paralelas de atención social, como hasta el momento hace nuestro Gobierno regional. Hace casi dos años, ante el Consejo de Madrid, del que formamos parte empresarios, sindicatos y Gobierno regional, la presidenta se comprometió a negociar un pacto por la igualdad de oportunidades de las personas inmigrantes y… hasta la fecha.

Hay que actuar sobre la alta temporalidad, el fraude en los contratos, la formación y cualificación, el empleo irregular. Estamos hartos de denunciar casos como los de explotación de trabajadores de Mali. Los de los inmigrantes sin contrato captados en las plazas madrileñas por “pistoleros” de la construcción. Los de los trabajadores chinos en restaurantes de la cadena The Wok, dependiente del grupo VIPS.

No sería malo que en el marco del pacto ofrecido y necesario se creen instrumentos como una comisión tripartita similar a la que funciona en el Estado y en diversas comunidades, que cuente con un observatorio permanente de la inmigración en Madrid y donde empresarios, sindicatos, Gobierno regional y Delegación del Gobierno podamos analizar problemas, necesidades, impacto económico y productivo y soluciones para conseguir la mejor integración laboral y social de los inmigrantes en la región.

Estamos en elecciones y los inmigrantes se convierten en un arma arrojadiza. De la seriedad y responsabilidad de nuestros políticos esperamos que, cuanto antes, aúnen esfuerzos y coordinen su trabajo.

Mientras en el Gobierno regional se deciden o no a cumplir sus compromisos, abriendo las puertas de la negociación, CCOO acabamos de lanzar una campaña -“Diferencia en el origen, Igualdad en el trabajo”- para impulsar un empleo decente, seguro, estable y con derechos para todos cuantos trabajamos en Madrid.

Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

Los inmigrantes somos los convidados de piedra de las sociedades europeas. Escuchamos hablar de nosotros, pero nadie nos pregunta nuestra opinión.

18-02-2008 - Decidimos elecciones pero no participamos en ellas. Los debates sobre nosotros suelen ser enconados y radicales. Algunos sectores parecen creer que somos muy malos, otros que somos muy buenos, y por lo general resulta difícil explicar que somos gente nomás.

La propuesta del contrato para inmigrantes del Partido Popular ha sido un buen ejemplo. La izquierda ha reaccionado indignada. La derecha -y más de la mitad de la población- parece encantada. Paradójicamente, nadie encuesta a los extranjeros porque no votan. Ni siquiera existen instrumentos estadísticos para medir su sensibilidad política.

Y sin embargo, una encuesta entre inmigrantes quizá produciría sorpresas. Al menos entre los inmigrantes que conozco, de diversos pelajes, orígenes y profesiones, la preocupación mayoritaria ante la idea del contrato no es la que reproducen los periódicos, sino una más prosaica:

-Y si eso se aprueba ¿tendremos que hacer más colas para firmar ese papel?

En realidad, comprometernos a comportarnos con cierta decencia -supongo que eso significa "según las costumbres españolas"- no parece una exigencia demasiado macabra, considerando que para algunos visados ya hay que certificar sanidad mental, no drogadicción y ausencia de enfermedades infectocontagiosas. En cuanto al aprendizaje obligatorio de la lengua, no conozco a ningún inmigrante que se oponga. Al contrario, lo necesitan para conseguir un trabajo. Si alguna vez he escuchado argumentos contrarios al aprendizaje del español, ha sido más bien en boca de nacionalistas vascos o catalanes, todos ellos ciudadanos que sin duda se comportan de acuerdo con las costumbres españolas.

Lo que sí enfadaría seriamente a muchos extranjeros -gente mayoritariamente ocupada- es perder toda una mañana en una cola para pedir un número para hacer otra cola de otra mañana para firmar un papel.

Mi sondeo de opinión no es representativo ni riguroso, pero acaso haya arrojado otro resultado sorprendente: más inmigrantes simpatizan con la derecha que con la izquierda. No con Rajoy en particular, sino con los valores de la derecha pragmática, que pone el énfasis en el libre mercado. La libre competencia favorece a los inmigrantes, que rinden más por menos. En efecto, las quejas gremiales contra la inmigración se han debido sobre todo a que los extranjeros trabajan demasiado -en el ámbito del pequeño comercio-, y a que cobran muy poco -por ejemplo en la restauración, sector que los españoles, como ha hecho notar un apenado directivo del PP, van abandonando-.Esa actitud es lógica, porque un inmigrante sabe que disfrutará de menos beneficios sociales que un español. Salvo casos especiales, recibe un primer permiso de trabajo limitado al área que el Estado crea necesario incentivar con mano de obra barata. Mientras dure ese permiso, no se le permite cambiar de ocupación ni de localidad aunque tenga ofertas concretas. Tampoco tiene el mismo derecho al paro que los españoles. Si cobra del Estado durante seis meses o más, puede olvidarse de renovar su residencia. Y por supuesto, no tiene derecho a votar, de modo que no participa en las decisiones económicas que le afectan. En cambio, tiene "derecho" a pagar impuestos y seguridad social.

Existe incluso la práctica ilegal de emitir contratos falsos para que los inmigrantes puedan cotizar de su bolsillo y mantengan la residencia. Es la única modalidad de fraude en el mundo que se realiza no para embolsarse dinero, sino para desembolsarlo. Y el beneficiario directo es el Estado español.

Por eso, el problema con el discurso sobre la inmigración del Partido Popular no es político. El problema es que sus bases son falsas. El PP ha sustentado sus propuestas sobre la idea de que los inmigrantes tienen menos obligaciones que los españoles. Y si eso fuese cierto, sería razonable corregirlo. Pero en realidad, los inmigrantes tienen más deberes y menos derechos que los ciudadanos españoles, que a su vez, reciben de ellos más beneficios que perjuicios.

Sin embargo, todos esos beneficios, igual que el crecimiento macroeconómico, son difíciles de percibir en la experiencia cotidiana. Una parte importante de la población siente que súbitamente, y en tiempo récord, la composición social de España se ha enrarecido. Leen el periódico y encuentran extranjeros en las páginas policiales (lo cual es bastante normal, porque los millones de extranjeros con una conducta intachable no salen en el periódico). Además, muchos españoles temen que la nueva población amenace sus puestos de trabajo, su seguridad y su porción del Estado del bienestar. Y en los barrios más pobres, de hecho los amenaza, porque la proporción de inmigrantes es mucho mayor en esos sectores. Paradójicamente, eso se debe a que la inmigración está bien controlada y restringida a sectores no profesionales. Los pobres de España, en buena medida, son importados.

Sin embargo, el temor subsiste entre los votantes. Y ante él, la derecha tiene un discurso autoritario y severo. Mientras, la izquierda no tiene ninguno. El apoyo del 56% de los españoles al contrato de los inmigrantes refleja un electorado que siente que la izquierda no habla de sus preocupaciones. Y en realidad, sobre todo en campaña, la clave es hablar. En la práctica, hasta donde ha sido explicado, el contrato de Rajoy sigue siendo más amable que buena parte de las leyes europeas, como las austriacas. La verdadera novedad de esta campaña ha surgido en el discurso. Las palabras de los dirigentes del Partido Popular son más agresivas que las medidas concretas que proponen.

El discurso conservador levanta una falsa barrera entre dos grupos. En realidad, las preocupaciones de la mayoría de inmigrantes, de manera natural, son las mismas que las de la mayoría de españoles. Quieren salir a la calle sin ser asaltados u hostigados. Quieren llegar a fin de mes. Quieren acceder a una educación y salud de calidad. Pero la discusión política crea la ficción de un enfrentamiento de intereses: nosotros vs. ellos. Cuando en realidad, todos viajamos en el mismo barco.

A los inmigrantes con que converso el contrato de Rajoy los tiene sin cuidado. La mayoría de los papeles y trámites que deben hacer ya les parecen tan absurdos que uno más no les amarga la existencia. Ellos ya han admitido que son extranjeros y se tienen que ganar cierto derecho de piso. No han venido a España a hacer política, ni tienen tiempo de hacerla. Si siguen temas políticos, es en sus países. Todos, sin embargo, insisten en lo mismo: sus hijos ya no serán extranjeros.

Me pregunto si la falsa división que proclama el discurso conservador se extenderá a esos hijos. Las barreras de cemento se erigen o se tumban, pero las murallas creadas en el lenguaje son más difíciles de derrumbar. Si aíslas a un grupo, lo conviertes en un "ellos" ¿sus hijos también serán "ellos" y no "nosotros"? Los jóvenes que quemaron coches en los suburbios de París hace dos años no eran argelinos o africanos, sino franceses. Sólo después de la violencia los franceses tomaron consciencia de que a esos chicos nadie les daba trabajo por temor a los inmigrantes y sus "malas costumbres". Que ninguno de ellos había llegado a ministro, y ya puestos, ni siquiera a presentador de televisión ¿Hasta qué generación se es extranjero?

¿O hasta qué cantidad? En Suiza, la UDC se publicitaba con el cartel de unas ovejitas blancas echando del corral a la oveja negra, y ganó las elecciones con el 30% de los votos. Lo curioso es que los extranjeros son en Suiza más de la cuarta parte de la población ¿Es razonable que la mayoría electoral conseguida por el gobierno sea numéricamente igual que la minoría a la que ese gobierno pretende excluir?

La inmigración en España ha sido un fenómeno muy rápido, y como la mayoría de los fenómenos de un mundo global, nos cuesta entenderlo con las herramientas conceptuales tradicionales. Pero España tiene una gran ventaja: puede aprender de las experiencias europeas. Puede evitar -y por cierto no lo está haciendo- que los colegios públicos de los barrios pobres se conviertan en guetos de inmigrantes. Pero para eso será necesario que los chicos negros, musulmanes, chinos sean entendidos como españoles, con los mismos derechos -ni más ni menos- que cualquier español. Cuando ellos dejen de ser convidados de piedra, este país habrá firmado el contrato social de su futuro.

Santiago Roncagliolo es escritor peruano.
El Pais

Mañana, 13 de febrero, a las 10 horas, CCOO de Madrid, presenta una campaña de sensibilización bajo el lema "Diferencia en el origen, igualdad en el trabajo". Será en el Centro de Formación Abogados de Atocha, Sebastián Herrera, 12-14, Salón de Actos.

13-02-2008 -

La presentan la secretaria de Política Social, Ana González y el secretario general de CCOO Madrid, Javier López.

La Campaña que consta de carteles, dípticos y un vídeo que serán difundidos en los centros de trabajo, en asambleas, talleres formativos etc. quiere contrarrestar los mensajes negativos que desde algunos sectores pretenden difundirse con respecto a  la realidad de la población inmigrante trabajadora.

Los objetivos primordiales de esta campaña son potenciar la convivencia de todos los trabajadores madrileños en los distintos centros de trabajo, especialmente aquellos en los que hay más presencia de inmigrantes, hostelería, comercio, construcción y servicios; pretende también reclamar la igualdad de derechos de todos los trabajadores sea cual sea su origen, frente al abuso y la explotación y pretende por último, que los inmigrantes vean reconocida su aportación a la economía y a la sociedad madrileña.

En la rueda, en la que visionaremos el dvd de la campaña, se entregará también un documento que radiografía la realidad de la población trabajadora inmigrante en Madrid. Además, se hará entrega a los periodistas de los materiales, dípticos, carteles y dvd.

CCOO Madrid

Inmigrantes bajo sospecha

Los inmigrantes nos devuelven las visitas que les hicimos los europeos durante quinientos años.

12-02-2008 -

No nos obligaron a hablar quechua, aymará o guaraní, árabe, swahili o malayo. Les impusimos nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros miedos y nuestra explotación. No nos obligaron desde Canadá a Tierra de fuego, en toda África y en gran parte de Asia y Australia, a firmar contrato alguno en condiciones de presuntos culpables, de delincuentes en potencia bajo pena de ser devueltos a sus países de origen si no encontrábamos trabajo en un año.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que, si gana las elecciones, obligará a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos de residencia a firmar un “contrato de integración”. En él, los extranjeros deberán comprometerse “a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un año no encuentran empleo”.

Aunque la fórmula del contrato es inédita en España -sólo Francia la ha adoptado-, la mayoría de los requisitos que propone Rajoy ya están contemplados en la legislación vigente. 

Entre las “costumbres de los españolas” que los inmigrantes deberán respetar, Rajoy mencionó la prohibición de la ablación y el respeto a la igualdad de sexos, que ya están tipificados en las leyes. Fuentes del PP añadieron otras "costumbres" recogidas en las ordenanzas municipales, como “la higiene”. Menos mal que no les prohíben castrar a los jóvenes cantores, marcar a fuego a los esclavos o cortar orejas, narices y manos a los delincuentes.

Rajoy reformaría la fórmula de reagrupación familiar para limitar esa vía de entrada de inmigrantes, y expulsaría de forma “inmediata” a los que hayan cometido delitos. Cuando era ministro de Interior del Gobierno de Aznar, ya intentó ejecutar esa propuesta, pero recibió contundentes descalificaciones del Tribunal Supremo. La medida privaba a los extranjeros de la presunción de inocencia, libraba a los delincuentes de la cárcel y burlaba el derecho de las víctimas a ser resarcidas.

Ese “contrato de integración” es una copia del que Nicolás Sarkozy, introdujo en la legislación de su país en 2004, cuando era ministro del Interior.

Allí se estipula que si se ha incumplido ese contrato, pueden perder las ayudas sociales e incluso ser expulsado de Francia. Países como Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos de idiomas, pero ninguno recoge sus exigencias en un documento. En 2006, cuando un partido catalán pretendió algo semejante, la consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, del PP, manifestó: “Más que una medida de integración parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos”.

Los derechos y deberes de los inmigrantes en España están recogidos en las leyes, así que ningún “contrato” puede limitarlos, como pretende Mariano Rajoy. Se lo advirtieron ayer al líder del PP los responsables de varias ONG que, al igual que partidos y sindicatos, censuraron la iniciativa del candidato.

Declararon que es anticonstitucional porque los derechos no pueden estar condicionados a una nacionalidad o una situación administrativa. “La integración no se puede plantear por decreto o por contrato. Además, ¿qué van a hacer? ¿Pasarnos un catálogo de las costumbres españolas?” “Pretende ofrecer una imagen de dureza frente a la inmigración, asociándola a la delincuencia. Es un discurso muy peligroso”, advirtieron.

Otro dirigente afirmó:”El PP necesita que los inmigrantes firmen un papel en el que digan que van a ser buenos y a cumplir con la ley porque, para la derecha, los inmigrantes son gente de poco fiar”.

Gaspar Llamazares, coordinador de IU, cree que “el PP está más preocupado por tranquilizar a su electorado sobre los supuestos problemas de seguridad que puedan crear los inmigrantes que por plantear una verdadera política de integración”.

El diputado vasco, Emilio Olavaria, señaló que el PP impulsa una política “reaccionaria” basada “en el miedo”: “Una política criminal o de orden público, no de integración”.

¿Qué concepción de la vida, qué visión del mundo, qué ideología subyace en semejante planteamiento por nosotros, pueblos de acogida, que debemos reconocer que los necesitamos como seres humanos, como repobladores ante el derrumbe de nuestra demografía, comos personas para compartir los bienes universales y el natural derecho a la búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la justicia y de la dignidad?  Y esto sin haber alcanzado el poder que anhelan.

José Carlos García Fajardo  Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS

CCS

Sólo el 19,4 por ciento de los inmigrantes que llevan más de siete años residiendo en España consigue mejorar su ocupación laboral, mientras que el 80,6 por ciento se mantiene en actividades poco productivas y mal remuneradas, informó hoy el sindicato CCOO.

04-02-2008 - De acuerdo con un estudio de la central sindical, sólo 20 de cada 100 inmigrantes escapa de la falta de derechos laborales que padecen cuando se incorporan al mercado de trabajo, mientras que el resto permanece "segregado".

Para llegar a este dato, CCOO ha comparado la estructura ocupacional de los extranjeros extracomunitarios recién llegados con los que llevan siete años o más residiendo en España.

La conclusión a la que llega es que los que más prosperan con el tiempo son los europeos extracomunitarios y los asiáticos, éste último colectivo registra una alta concentración de empresarios autónomos, destaca.

Mientras, los latinoamericanos y, sobre todo, los africanos son los que menos ascienden en la escala ocupacional.

Además, si se compara el número de extranjeros que llevan al menos siete años en España con la de españoles jóvenes (de 15 a 30 años) y mayores (de 31 a 50 años), los inmigrantes tienen una mayor presencia en la categoría de trabajadores no cualificados (el 31 por ciento), frente al 10,1 y 12,1 por ciento, respectivamente de los nacionales.

Asimismo, la presencia de los inmigrantes es mayor en la categoría de trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y comercio; y de las industrias manufactureras, construcción y minería.

Por el contrario, los extranjeros tienen una menor representación en la categoría de técnicos y profesionales, mientras que en la de propietarios de empresas (el 8,1 por ciento) superan a la de los jóvenes españoles (el 3,8 por ciento) y se aproxima a la de los mayores (el 9,7 por ciento).

eleconomista.es

La CSI publica un nuevo informe de 20 páginas sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en la región de Oriente Medio

19-12-2007 - "En el país de origen, generalmente es la falta de empleo decente lo que empuja a los trabajadores y trabajadoras a emigrar, no como una opción personal, sino como estrategia para sobrevivir. En los países de destino, estos migrantes se encuentran mayoritariamente confinados a los empleos más precarios, difíciles y degradantes, es decir los menos decentes. La cuestión del trabajo decente debería por tanto constituir un elemento central de las políticas relativas a la migración" declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI, en víspera del Día Internacional de los Migrantes.

La CSI publica un nuevo informe de 20 páginas sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en la región de Oriente Medio, incluyendo reportajes en Jordania, donde el sindicato textil se dedica a ayudar concretamente a los migrantes asiáticos.
La CSI ha sacado además un nuevo vídeo de 6 minutos titulado "Migrantes en Jordania: Cómo los sindicatos intentan defenderlos y organizarlos".

Desde su fundación hace un año, la CSI ha convertido en una de sus prioridades de acción la defensa de los derechos de los trabajadores/as migrantes y la mejora de sus condiciones de trabajo así como su organización en sindicatos, sobre todo en el marco de la negociación colectiva. La CSI hace especial hincapié en la dimensión de género en las acciones propuestas, dado que las mujeres representan una proporción creciente de la mano de obra migrante y resultan particularmente discriminadas.

Los sindicatos presionan a los gobiernos de los países de origen y de destino, para que integren este enfoque basado en los derechos de los trabajadores/as migrantes a nivel nacional, en el marco de acuerdos bilaterales y regionales, y para que se armonice a escala mundial. El movimiento sindical internacional se apoya en los instrumentos jurídicos existentes de la OIT y de Naciones Unidas y reclama entre otras cosas un nuevo Convenio específico que proteja a los empleados del servicio doméstico. En esta categoría, particularmente vulnerable, se encuentran numerosas trabajadoras migrantes que son a menudo explotadas en todas las regiones del mundo.La CSI quiere así luchar a todos los niveles contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, principalmente dentro de los propios sindicatos.

En el marco del reforzamiento de la solidaridad Sur/Sur, la CSI ha lanzado tres acuerdos de asociación entre afiliadas de países de origen y destino de migrantes en distintas regiones. Los tres proyectos piloto conciernen Indonesia y Malasia, Senegal y Mauritania, y Nicaragua y Costa Rica. Se han establecido centros de información y de apoyo a los trabajadores migrantes en Malasia por parte MTUC, en Mauritania por la CGTM y en Costa Rica por la CTRN. Otras afiliadas tienen previsto hacer otro tanto, con objeto de contribuir a la integración de los migrantes en el lugar de trabajo y en la comunidad.

"Los gobiernos deben prestar atención a que el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que incluyen la erradicación de la pobreza gracias al trabajo decente y unos servicios públicos de calidad, no se vea comprometido por la política migratoria", continúa la CSI, haciendo referencia en particular al problema de la fuga de cerebros en los países en desarrollo.
"En el marco de la lucha mundial por una globalización más justa y más humana, articular migraciones y desarrollo sostenible constituye igualmente una prioridad fundamental para promover el trabajo decente para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo los migrantes", concluye Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

CSI

Desde Alternativa Responsable nos parece oportuno reflexionar en este instante sobre la inmigración, los inmigrantes y su impacto en la economía y en la sociedad

19-11-2007 - España se ha convertido en el país de la UE con un mayor porcentaje de extranjeros, hasta el punto de que ya representan el 10% de población, superando a países con una larga tradición migratoria en este ámbito, como Francia (9,6%), Alemania (8,9%) y el Reino Unido (8,1%). De hecho, la experiencia cotidiana nos muestra un país cada vez más multicultural y diverso, y en el que, afortunadamente, se está viviendo el fenómeno con naturalidad por parte de los ciudadanos (con excepciones puntuales derivadas de situaciones muy coyunturales), sin olvidar que el mismo se ha producido en un cortísimo plazo de tiempo (de hecho, hace apenas 10 años la población inmigrante reconocida apenas llegaba a los 500.000 extranjeros empadronados, frente a los casi 4 millones actuales.)

Ante este reto, todos los actores sociales (y todos y cada uno de nosotros como ciudadanos) tienen un rol y una responsabilidad que creemos deben acometerse desde una perspectiva del dialogo y colaboración. Corresponde a las Administraciones Públicas y a la Política con mayúsculas de nuestro país, la dirección general de esta tarea fundamental para nuestro futuro económico y social. Bien puede decirse que la gestión de la inmigración en sus múltiples planos -laborales, sociales, económicos y políticos- será clave en la búsqueda de la eficiencia económica y la sostenibilidad social, como bases de ese futuro. No nos corresponde a nosotros proponer políticas públicas de inmigración, pero sí nos parece necesario que este tema no sea escenario de batallas partidistas y saludable el máximo consenso entre partidos y entre las diversas Instituciones (Gobierno de España, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), en el diseño y en las prácticas de la política de inmigración.

Los inmigrantes buscan el futuro que sus países les niegan. Y lo buscan trabajando para ganarse la vida... igual que lo hicieron tantos y tantos españoles hace no mucho tiempo. Sólo las empresas pueden garantizar el trabajo y el salario. Por eso, es la empresa el lugar en el que se inicia la integración del inmigrante y es, en ese ámbito de convivencia reglada, en el que nos jugamos gran parte de esta inmensa tarea. La inserción del inmigrante en el ámbito laboral es un factor crítico para garantizar su integración más amplia en lo económico y social. Difícilmente un inmigrante puede sentirse un ciudadano integrado, con todos sus derechos y deberes, si no dispone de una situación laboral que le permita garantizar su bienestar y el de su familia.

Y al igual que en otros campos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también aquí se produce una convergencia entre interés estratégico del negocio y exigencias sociales a las empresas. Es decir, la inserción social y laboral del inmigrante es tanto una necesidad social como empresarial.

Estas convicciones sobre la inmigración y nuestra concepción de la RSE nos hacen coincidir en una serie de reflexiones para compartir con el tejido empresarial de nuestro país:

1) En España -a diferencia de algún país europeo- no hay normas legales que favorezcan el trabajo de los nacionales, ni al contrario, exigencias legales de inserción laboral de los inmigrantes. En nuestra opinión, las empresas deben crear y ofrecer empleo de calidad y en igualdad de condiciones para nacionales y extranjeros y facilitar la integración laboral de estos últimos, como vía tanto para acelerar su plena incorporación a los procesos de la empresa, como para facilitar su incorporación al entorno social.

2) Las empresas deben reforzar sus compromisos en la lucha contra la contratación ilegal. Esta es un fraude tanto para el trabajador inmigrante que se ve privado de sus derechos, como para aquellas empresas que actúan en el marco de la legalidad, y que ven mermada su capacidad competitiva frente a auténticos desalmados sociales. Aun cuando se ha avanzado, es necesario seguir trabajando para crear una conciencia cívica empresarial de rechazo a este tipo de comportamientos. En definitiva, quien más interesado está en erradicar la mano de obra ilegal es el propio empresario que juega limpio, porque una conducta desleal, en última instancia, perjudica a todo el conjunto.

3) Es muy útil para las empresas implicarse activamente e impulsar los modelos de contratación en origen, ya que es la mejor vía para garantizar flujos ordenados que amparen los derechos de los inmigrantes frente a situaciones desordenadas y/o irregulares promovidas y que, por lo general, benefician a las nuevas mafias. Esto supone colaborar con la Administración en la definición del modelo óptimo y su aprovechamiento, tanto para Grandes Empresas (que lo gestionan con facilidad) como para PYMES (realmente necesitadas, pero que tienen dificultades en acceder a este modelo).

4) Las empresas españolas demandan a las administraciones flexibilizar y agilizar los procesos de contratación, tanto para personal no cualificado como cualificado. Ambos colectivos, con sus peculiaridades, son esenciales para nuestra economía y nuestras empresas, y es necesario disponer de marcos de gestión que faciliten la identificación, contratación e integración de los mismos. Y esto está conectado con un tema tan importante como es el reconocimiento y homologación de la titulación de los emigrantes, que debe permitir evitar las situaciones de infraempleo de personas que, por su capacitación y formación, podrían estar desarrollando tareas de mayor valor, para ellos y para nuestra economía.

5) Favorecer la estabilidad del trabajador por un periodo suficiente para rentabilizar la inversión y el esfuerzo que asume la empresa, genera valor a largo plazo. Aun cuando este modelo exige compromiso empresarial, lo cierto es que reporta indudables ventajas: las empresas tienen la oportunidad de reclutar a colectivos homogéneos (idioma, costumbres, religión, etc.) y con las características más adecuadas al puesto de trabajo.

6) Muchas empresas multinacionales tienen ricas y buenas experiencias en "gestión de la diversidad" de sus empresas matrices. En esta expresión se incluyen los procesos de formación a través de la educación profesional dual (trabajo y formación académica), enseñanza del idioma nacional, ayudas para alquiler o adquisición de vivienda, educación para los hijos, reagrupamiento familiar, etc. Recomendaciones vivamente la puesta en práctica de estas políticas de gestión de la diversidad en el marco de la RSE.

7) El campo de la formación y la capacitación técnica y social de los trabajadores inmigrantes es una pieza clave. Esto favorece la productividad de la empresa y mejora la empleabilidad del inmigrante. Pero también impulsa la comprensión y la transmisión a su entorno familiar de las claves que regulan nuestra convivencia, acelerando así su integración. Evidentemente esto implica inversión y esfuerzo, pero es perfectamente factible desarrollar formulas de colaboración entre la Administración, los ámbitos empresarial y sindical, y el Tercer Sector que permitan acometer estas iniciativas de modo viable y eficaz.

8) Las empresas deben informar en sus memorias sociales de los indicadores de su "gestión de la diversidad": número de inmigrantes, condiciones laborales y de contratación, situación en la empresa, etc.

9) Si consideramos que, como media, el 9% de la población es inmigrante, este colectivo representa para las empresas una enorme oportunidad de mercado. Ofrecer una amplia oferta de productos y servicios representa, además, una vía útil de integración.

A partir de nuestro sincero compromiso para fomentar la cultura de la RSE en España, desde Alternativa Responsable nos parece oportuno seguir contribuyendo a un debate que no se agota, y reflexionar en este instante sobre la inmigración, los inmigrantes y su impacto en la economía y en la sociedad.

alternativaresponsable.org

Los ciudadanos que hayan trabajado en dos o más países de los 22 que componen Iberoamérica podrán sumar las cotizaciones para disfrutar de su derecho a pensiones, según un acuerdo que están dispuestos a firmar todos los gobiernos de esos países.

PILAR SANTOS
El Periodico