VANGUARDIA SINDICAL

COORDINADORA POLÍTICA Y SOCIAL

FRENTE A LA SITUACIÓN COLOMBIANA

En las audiencias públicas del juicio que se sigue a Alberto Fujimori se ha comprobado la existencia de grupos militares entrenados en los Estados Unidos para matar personas sistemáticamente por fuera de los tribunales legales del país. Esa práctica conforma una política de terrorismo de Estado que en el Perú se realizó a través del denominado grupo Colina y otros grupos similares.

Esta misma práctica que se aplicó en el Perú es la que se ha llevado a cabo en distintas oportunidades en Guatemala, El Salvador, en el Santo Domingo de Trujillo, la Nicaragua de Somoza y en los países sudamericanos involucrados en el Plan Cóndor, entre ellos el Perú, cuando era presidente el dictador Francisco Morales Bermúdez.

Es el mismo método criminal que se viene aplicando en Colombia desde el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Desde entonces han sido incontables las víctimas de los militares,  los paramilitares, los narcotraficantes y los políticos corruptos, en una violencia que no tiene fin. El objetivo es mantener un régimen de concentración de la tierra y la riqueza y un punto de apoyo para la estrategia económica y militar de los Estados Unidos en América Latina.

Como reacción frente a esa represión sistemática surgieron primero las FARC y después el ELN. Esto ha creado una situación de guerra que afecta a todo el pueblo colombiano, especialmente a los campesinos y los pobladores de las áreas rurales quienes son sistemáticamente desalojados de sus tierras.

Al producirse la mediación del gobierno venezolano presidido por el Comandante Hugo Chávez que logró la liberación de las primeras personas secuestradas, el gobierno de Álvaro Uribe convocó a marchas contra las FARC en Colombia y en todo el mundo, pretendiendo polarizar el conflicto colombiano entre su gobierno y las FARC, como si no existiese el paramilitarismo y como si las FARC fuese la única organización en realizar la condenable práctica del secuestro de civiles.

Frente a esta actitud que pretende dar una visión distorsionada de lo que sucede en el hermano país e intenta utilizar a favor de la reelección de Uribe el justo anhelo de paz del pueblo colombiano, las organizaciones políticas y sociales del Perú:

Manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de los secuestrados y con todo el pueblo colombiano en su búsqueda de una paz que para ser efectiva y duradera debe ser con justicia económica y social.

Rechazamos toda política de secuestros y represalias contra la población civil venga de donde venga.

Condenamos el terrorismo de Estado y el paramilitarismo.

Exigimos al gobierno colombiano su apoyo decidido a conversaciones con las FARC y mediadores internacionales para la inmediata liberación de los civiles que todavía siguen secuestrados.

Lima. 11 de Febrero de 2008

CGTP, CUT, CCP, CNA, UFREP, FEP, Frente Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, Movimiento Amplio de Mujeres, Partido Comunista Peruano, Partido Comunista del Perú -  Patria Roja, Partido Nacionalista Peruano, Partido Socialista, Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, Partido Socialista Revolucionario, Movimiento Nueva Izquierda, Frente Popular, Avanza País, Comité Malpica, Pueblo Unido, FEDEP.