Miren, lean, lo que pide un dirigente politico español, acerca de lo inmigrantes, plasma sus fobias en un documento que parece dictado por un dictador de otro planeta. Aqui el artículo.
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Inmigrantes bajo sospecha
Los inmigrantes nos devuelven las visitas que les hicimos los europeos durante quinientos años.
12-02-2008 -
No nos obligaron a hablar
quechua, aymará o guaraní, árabe, swahili o malayo. Les impusimos
nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros
miedos y nuestra explotación. No nos obligaron desde Canadá a Tierra de
fuego, en toda África y en gran parte de Asia y Australia, a firmar
contrato alguno en condiciones de presuntos culpables, de delincuentes
en potencia bajo pena de ser devueltos a sus países de origen si no
encontrábamos trabajo en un año.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que, si gana las
elecciones, obligará a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos
de residencia a firmar un “contrato de integración”. En él, los
extranjeros deberán comprometerse “a cumplir las leyes, a respetar las
costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus
impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad
española y a regresar a su país si durante un año no encuentran empleo”.
Aunque la fórmula del contrato es inédita en España -sólo Francia la
ha adoptado-, la mayoría de los requisitos que propone Rajoy ya están
contemplados en la legislación vigente.
Entre las “costumbres de los españolas” que los inmigrantes deberán
respetar, Rajoy mencionó la prohibición de la ablación y el respeto a
la igualdad de sexos, que ya están tipificados en las leyes. Fuentes
del PP añadieron otras "costumbres" recogidas en las ordenanzas
municipales, como “la higiene”. Menos mal que no les prohíben castrar a
los jóvenes cantores, marcar a fuego a los esclavos o cortar orejas,
narices y manos a los delincuentes.
Rajoy reformaría la fórmula de reagrupación familiar para limitar
esa vía de entrada de inmigrantes, y expulsaría de forma “inmediata” a
los que hayan cometido delitos. Cuando era ministro de Interior del
Gobierno de Aznar, ya intentó ejecutar esa propuesta, pero recibió
contundentes descalificaciones del Tribunal Supremo. La medida privaba
a los extranjeros de la presunción de inocencia, libraba a los
delincuentes de la cárcel y burlaba el derecho de las víctimas a ser
resarcidas.
Ese “contrato de integración” es una copia del que Nicolás Sarkozy,
introdujo en la legislación de su país en 2004, cuando era ministro del
Interior.
Allí se estipula que si se ha incumplido ese contrato, pueden perder
las ayudas sociales e incluso ser expulsado de Francia. Países como
Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos de idiomas, pero
ninguno recoge sus exigencias en un documento. En 2006, cuando un
partido catalán pretendió algo semejante, la consejera de Inmigración
de Madrid, Lucía Figar, del PP, manifestó: “Más que una medida de
integración parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos”.
Los derechos y deberes de los inmigrantes en España están recogidos
en las leyes, así que ningún “contrato” puede limitarlos, como pretende
Mariano Rajoy. Se lo advirtieron ayer al líder del PP los responsables
de varias ONG que, al igual que partidos y sindicatos, censuraron la
iniciativa del candidato.
Declararon que es anticonstitucional porque los derechos no pueden
estar condicionados a una nacionalidad o una situación administrativa.
“La integración no se puede plantear por decreto o por contrato.
Además, ¿qué van a hacer? ¿Pasarnos un catálogo de las costumbres
españolas?” “Pretende ofrecer una imagen de dureza frente a la
inmigración, asociándola a la delincuencia. Es un discurso muy
peligroso”, advirtieron.
Otro dirigente afirmó:”El PP necesita que los inmigrantes firmen un
papel en el que digan que van a ser buenos y a cumplir con la ley
porque, para la derecha, los inmigrantes son gente de poco fiar”.
Gaspar Llamazares, coordinador de IU, cree que “el PP está más
preocupado por tranquilizar a su electorado sobre los supuestos
problemas de seguridad que puedan crear los inmigrantes que por
plantear una verdadera política de integración”.
El diputado vasco, Emilio Olavaria, señaló que el PP impulsa una
política “reaccionaria” basada “en el miedo”: “Una política criminal o
de orden público, no de integración”.
¿Qué concepción de la vida, qué visión del mundo, qué ideología
subyace en semejante planteamiento por nosotros, pueblos de acogida,
que debemos reconocer que los necesitamos como seres humanos, como
repobladores ante el derrumbe de nuestra demografía, comos personas
para compartir los bienes universales y el natural derecho a la
búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la justicia y de la
dignidad? Y esto sin haber alcanzado el poder que anhelan.
José Carlos García Fajardo Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
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