VANGUARDIA SINDICAL

Aqui, de acuerdo a Ley también esta prohibido.
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SIDA: exclusión y estigma laboral

Alrededor de 150 mil trabajadores mexicanos han sufrido discriminación laboral por VIH-sida.

10-12-2007 - Para Javier Sandoval Reyes, de 28 años de edad, su despido como servidor público bibliotecario del ayuntamiento de La Paz fue inminente una vez que sus superiores le exigieron diversas pruebas de VIH y el resultado fue positivo, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana prohíbe que la prueba se solicite como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica; y de que el Código de Práctica sobre VIH/sida de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que no debe haber discriminación contra los trabajadores, basada en una infección real o percibida del VIH.

“El 24 de mayo de 2006 comencé con una infección en la boca. Días después, me solicitaron en el trabajo un diagnóstico basado en la demostración de los Ac anti HIV, que suelen aparecer en la sangre de cuatro a ocho semanas después de la infección; y finalmente exigieron la prueba confirmatoria Western Blot VIH–1. Las pruebas las solventé yo. No recibía Seguro Social. El 13 de octubre del mismo año fui despedido. Me pidieron que firmara un finiquito de mil 200 pesos, cuando en principio me liquidarían con 9 mil pesos. No firmé. Decidí ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fui turnado una y otra vez a otras dependencias sin ningún éxito. Finalmente, luego de cuatro meses sin trabajo, levanté una demanda laboral contra el ayuntamiento de La Paz, y fui a un periódico de circulación nacional para dar mi testimonio. Entonces me proponen reintegrarme a mis labores, con un sueldo de mil 500 pesos quincenales y Seguro Social. En mi trabajo todos se enteraron de que soy portador de VIH”, comenta Javier, quien tuvo el valor de hablar y denunciar la discriminación de la que estaba siendo sujeto.

A su vez,

EL UNIVERSAL buscó el testimonio de la institución empleadora a través de la abogada Wendy Belem Espinosa, quien tomó el caso jurídico de Javier Sandoval, siendo subdirectora jurídica del ayuntamiento de La Paz, la cual asegura que el despido de Javier fue injustificado por la administración priísta que la antecedió. “Me comprometí a reinstalarlo, por instrucciones del alcalde de La Paz, Agustín Corona Hernández. Se le restituyó el cargo con sueldos retroactivos... hoy continúa laborando con nosotros desempeñándose como un excelente trabajador que ha demostrado su capacidad como servidor público en biblioteca. Javier tuvo la valentía de denunciar y actualmente es quien imparte los talleres informativos sobre VIH-sida en el ayuntamiento de La Paz”, comenta.

Jorge Saavedra López, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida (Censida), confirma en entrevista con este diario su “absoluto rechazo” a todo tipo de discriminación laboral a los afectados por el sida y al “trato vejatorio” que reciben muchos de ellos, así como a prácticas empresariales, “ilegales desde todos los puntos de vista”, que obligan a los trabajadores a someterse a pruebas para detectar el VIH como requisito para contratarlo o mantenerlo en plantilla. “Ninguna empresa del extranjero debe exigir en México y a trabajadores mexicanos pruebas de VIH-sida cuando en sus países no las practican con sus propios empleados”, enfatiza.

Sin embargo, considera que el país ha tenido avances a través del Consejo Nacional Empresarial sobre Sida (Conaes), que con el objetivo de erradicar el estigma y discriminación relacionada al VIH-sida en el lugar de trabajo, ha tenido impacto en alrededor de 150 mil trabajadores mexicanos y en sus familias.

A su decir, el VIH-sida puede ser una enfermedad poco costosa y manejable para los empleados seropositivos; sin embargo, con estigmatización y discriminación a intramuros, puede convertirse en un factor muy costoso no sólo para los empleados, sino para la productividad y utilidad de la empresa.

De acuerdo con el Conaes, conformado por 30 empresas transnacionales establecidas en nuestro país, el apoyo a estos empleados consistirá en permitirles mantener su fuente de trabajo y en proporcionales medicamentos cuando alguna institución de salud omita hacerlo.

Las pruebas de detección de VIH, con el propósito de excluir a individuos seropositivos cuando están solicitando empleo, se conocen en México como una herramienta de “manejo de riesgo”; sin embargo, según expertos del Conaes, “es menos costoso tratar el VIH a largo plazo y conservar la salud y productividad de un empleado, que ignorar la condición y permitir que la infección del VIH se convierta en sida”, comentan.

Para Juan Carlos Rodríguez y Gerardo Cabrera, directores de Impulso —red de ONG mexicanas establecida para proveer asistencia técnica en la implementación de políticas laborales frente al VIH-sida— “México debe comprender las consecuencias económicas de no tener políticas óptimas sobre el VIH-sida en el lugar de trabajo, ya que tres de cada mil mexicanos viven con este padecimiento; la mayoría no está consciente de su estado, y una gran parte de los que lo saben probablemente lo oculten por temor a perder su empleo”.

Datos de la CNDH indica que de 1992 a la fecha, se han recibido 623 quejas por parte de personas con VIH por trato discriminatorio laboral; una de éstas fue la interpuesta por Javier Sandoval , quien asegura que su triunfo fue haber logrado hacerse visible para demostrar que un seropositivo es tan o más capaz que cualquier otra persona en el ámbito laboral y personal.

CRISTINA PÉREZ-STADELMANN
El Universal