VANGUARDIA SINDICAL

Texto de la Declaración final del III Encuentro Cívico Iberoamericano.

Declaración de las organizaciones de la Sociedad Civil

III ENCUENTRO CIVICO IBEROAMERICANO

Santiago de Chile, 7 y 8 de Noviembre de 2007

Nos hemos reunido durante estos dos días un conjunto de 74 redes, movimientos y organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que representan a más de 4.000 organizaciones sindicales, de mujeres, campesinos/as, pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afrodescendientes, de orientación sexual e identidad de género (LGTB), de organizaciones territoriales, medioambientales, provenientes de toda la diversidad de América Latina y la península Ibérica.

Constatamos que en las últimas décadas se ha aplicado en América Latina, como una nueva expresión de dependencia, el modelo neoliberal. Este no ha generado, junto con el crecimiento económico, la necesaria redistribución de la riqueza en nuestras sociedades profundamente desiguales y excluyentes.

Se requiere un cambio sustantivo hacia un modelo sostenible que exige de los países iberoamericanos la conjunción de políticas macroeconómicas, productivas, sociales y medioambientales con el fin de generar empleo digno e inclusión. Diversos movimientos y tendencias políticas y sociales cuestionan este orden injusto y buscan alternativas que pasan por el fortalecimiento del rol del Estado para que asuma la defensa de los intereses de quienes sufren la exclusión y la pobreza.

Deben asumirse compromisos sobre iniciativas y políticas orientadas a modificar las condiciones profundamente injustas e inequitativas del comercio internacional. Es inaceptable que se nos imponga a América Latina la apertura comercial mientras se mantienen políticas masivas de subsidio en los países desarrollados.

Es necesario recuperar el rol de los Estados como garantes de los Derechos Humanos, para que estén al servicio del bienestar de las personas y tengan la obligación de cumplir con los tratados y acuerdos internacionales de DD HH, generando mecanismos de seguimiento. En particular sobre los DESC, exigimos el cumplimiento pleno de los compromisos vigentes, y la presentación de informes sobre los avances en la defensa de estos derechos. La sociedad civil debe tener un rol activo en el debate de estos informes.

La democracia sólo podrá consolidarse con la participación y representación efectiva y equilibrada de mujeres y hombres en los distintos espacios de poder, con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Demandamos el avance en la paridad de género a través de la implementación de instrumentos prácticos para la igualdad salarial, acciones positivas en las empresas y la corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Nuestros gobiernos y nuestras sociedades requieren de un acuerdo que permita la modernización, en un sentido progresivo, de nuestro sistema tributario. Hay que garantizar que los ingresos públicos se sustenten en los impuestos directos a las grandes empresas y grupos económicos. Hay que incrementar de manera sustantiva los ingresos del Estado en relación con la renta generada por la explotación de nuestros recursos naturales.

La redistribución requiere de políticas orientadas a superar la precariedad del trabajo en todos los sectores, fomentar las libertades sindicales y respetar toda forma de expresión legítima de la protesta social.

Se debe terminar con las tendencias orientadas a criminalizar las luchas sociales. Es fundamental que nuestros gobiernos asuman un compromiso claro con la implementación de políticas de promoción de la economía social a través de sus diferentes formas. Junto con ello se debe incentivar a la micro y pequeña empresa, facilitando canales de financiamiento y fortaleciendo su capacidad de innovación y su productividad.

Es fundamental el cumplimiento del compromiso de los países desarrollados de aportar el 0.7% de su PBI, así como vincularla a estrategias y objetivos de desarrollo nacional y regional. Se deben continuar y ampliar los programas de condonación de la deuda y de su conversión en inversión para el desarrollo.

Se deben diseñar e implementar sistemas para detener y revertir el deterioro de nuestro patrimonio ambiental. Se debe defender nuestra biodiversidad y los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales frente a la imposición creciente de grandes conglomerados empresariales.

Demandamos la profundización en el diálogo social a través de la creación y consolidación de Consejos Sociales que cuenten con la participación tanto de sindicatos y empleadores como de otros actores relevantes de la sociedad civil, así como su articulación en el ámbito regional.

Los Estados deben garantizar el ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación. Para ello deben promover regulaciones que frenen la concentración económica en la propiedad de los medios de comunicación. Las legislaciones deben promover la emergencia de un tercer sector de las comunicaciones (medios independientes, comunitarios, sin fines de lucro).

Exigimos la ratificación y cumplimiento de los siguientes acuerdos internacionales: Protocolo Facultativo de la CEDAW; Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familia; Convención sobre Racismo y otras formas de Discriminación; Convención sobre personas con discapacidad; Consenso de Quito; Convenio 169 de la OIT referido a los pueblos indígenas; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa y los convenios fundamentales de la OIT. De la misma forma, se debe avanzar en el proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y otras formas de Discriminación.

Demandamos crear mecanismos oficiales de información, consulta y participación de la sociedad civil y sectores sociales, durante las negociaciones y el seguimiento de los Acuerdos de Asociación de la UE con las subregiones de América Latina y Caribe. Reclamamos el reconocimiento y la institucionalización de los espacios de participación y consulta de la sociedad civil en los diferentes ámbitos de integración.

Se requiere la recuperación del Estado y su rol en la promoción del desarrollo sostenible, la inclusión y la justicia social. Las políticas sociales constituyen una condición sustantiva de para alcanzar sociedades más justas y solidarias.

Las Políticas sociales deben ocupar el mismo nivel de importancia que la política económica y no como un paliativo de ésta última y los Estados deben asegurar la inversión para hacer efectivas las políticas públicas y los servicios básicos de calidad.

Se deben adoptar políticas sociales autónomas, soberanas, inclusivas y universales que permitan atender las demandas y necesidades de los diferentes sectores de la población, incluyendo a los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, niños y niñas, y otros grupos excluidos.

Se deben garantizar sistemas públicos de seguridad social, con carácter solidario y universal. Los Estados se deben dotar de los recursos para el funcionamiento de estos sistemas, incluyendo la utilización de políticas fiscales para la protección social.

La participación de la ciudadanía es una condición indispensable para la implementación de las políticas sociales. Es necesario el establecimiento de mecanismos institucionales para la participación de la sociedad civil en los ámbitos de concertación, como un mecanismo que permite la democratización de las políticas sociales, su sostenibilidad y su efectivo impacto en el origen estructural de la desigualdad.

Finalmente, demandamos un sistema de seguimiento a los acuerdos de las cumbres, desde las instancias de coordinación intergubernamental, desde cada uno de los gobiernos y desde la sociedad civil, que garantice la continuidad y monitoreo.