MANIFIESTO
DE SANTIAGO
Reunidos en Santiago de
Chile, los días 8 y 9 de noviembre de 2007, en el marco de la Cumbre por la amistad e integración de los
pueblos iberoamericanos, los representantes de organizaciones sociales,
políticas y culturales, de pueblos originarios, entidades académicas,
artísticas y ciudadanos en general, hemos debatido, en un marco de pluralismo y
respeto, las contradictorias
realidades de nuestra región y concordado
acciones que permitan avanzar hacia la democratización, unidad, soberanía
y autodeterminación de nuestros pueblos y naciones.
EL NUEVO
PROTAGONISMO SOCIAL
Constatamos,
esperanzados, el resurgimiento de un extendido protagonismo de los movimientos
sociales, y fuerzas políticas progresistas cuyas luchas articuladas, cada vez
más amplias y persistentes, han influido decisivamente en la elección –en
diversos países– de gobernantes afines y sensibles al gran ideario de
emancipación, unidad e integración latinoamericana, impulsando procesos de
cambio en la región, que valoramos como un avance de gran proyección histórica.
Ya
podemos hablar de futuro y diseñar estrategias basadas en la solidaridad y la
cooperación de nuestros pueblos, porque tenemos presente y evocamos, hoy, a
líderes y movimientos que ayer derrocharon heroísmo y tenacidad
inconmensurables. Lo decimos desde Chile, donde la codicia entró con la espada
y la cruz para aplastar, después de 300 años, la resistencia ejemplar del
pueblo mapuche; a 100 años de la masacre de trabajadores chilenos, peruanos,
bolivianos, argentinos y españoles en la Escuela Santa María de Iquique. En
este país, donde las empresas transnacionales activaron la maquinaria militar y
financiera del imperio para derrocar al Presidente Constitucional Salvador
Allende e impedir su proyecto de transformaciones sociales y de unidad
latinoamericana; donde las bayonetas sirvieron a la plutocracia y al capital
extranjero para entronizar un modelo neoliberal que se traduce en la extrema
concentración de la riqueza, la exclusión social y política de las grandes
mayorías, donde los poderes fácticos y el gran capital han pasado a controlar
la política, los medios de comunicación y la institucionalidad.
La
nueva realidad política del continente y sus promisorias perspectivas reconoce
una multiplicidad de vertientes sociales,
culturales e ideológicas que adoptan originales métodos y estructuras,
diversos lenguajes, formas de lucha y propuestas programáticas. En esa
diversidad, antitesis del dogmatismo, sectarismo y hegemonismo, radica su
fuerza y su legitimidad histórica.
A
partir de las demandas por la protección del eco sistema, la defensa de la
tierra, los territorios y los derechos de los pueblos originarios, el rechazo a
la expoliación y enajenación de nuestros recursos naturales, las
reivindicaciones de los trabajadores, el rechazo a la expropiación de los
ahorros previsionales, la denuncia de las bases militares estadounidenses en
sectores estratégicos del continente, la defensa de los derechos humanos, el
fortalecimiento del rol del Estado en los emprendimientos productivos y para
garantizar el derecho ciudadano a la Salud,
Educación y Vivienda, Trabajo y Previsión, contra la discriminación de
la mujer y los adultos mayores, por los derechos de la juventud y otros
sectores avasallados por las políticas neoliberales, los movimientos sociales
avanzan hacia propuestas políticas unitarias ante los grandes problemas
nacionales y contribuyen a levantar una nueva alternativa que permita a Latinoamérica y el Caribe intervenir
con fuerza propia en los candentes problemas que afronta la humanidad.
Por
lo mismo es que rechazamos aquellas prácticas que buscan atomizar a las
organizaciones sociales subordinándolas como insumo de políticas estatales
funcionales que apuntan a perpetuar el modelo económico e institucional.
Los
movimientos sociales ya no se conforman con cambios cosméticos sino plantean un
rechazo total al actual modelo de dominación económica, política y cultural que
implica la comercialización de todos
los ámbitos de la vida pública y personal y el ánimo de lucro como supremo
valor de una sociedad que percibe a cada individuo como rival del otro. Lo
anterior, en consonancia con la crítica que hacen los pueblos, a nivel mundial,
a la globalización depredadora y a la guerra como solución a los problemas de
la humanidad.
Por
su parte, las fuerzas políticas que buscan alternativas al sistema imperante,
tienen el desafío de encontrar nuevas formas de interlocución y complementación
con las luchas sociales, en el entendido que ambas esferas se retroalimentan y
se necesitan.
UNA INTEGRACIÓN DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS
PUEBLOS
Entendemos
la integración regional como un proceso de enriquecimiento mutuo, de
potenciamiento de nuestras fortalezas, de nuestra capacidad de
intercomunicación con el mundo, partiendo del reconocimiento del ser humano a
cuyo bienestar y felicidad deben subordinarse todas las políticas públicas.
En
la forja del futuro de América Latina y el Caribe, podemos construir ciudadanía
con lo mejor de cada pueblo y cultura que la compone. Su integración debe darse
desde la misma base social, partiendo de las siguientes premisas esenciales:
- La recuperación
de los recursos naturales, mineros, hídricos, pesqueros, forestales y
energéticos; la reforma agraria y la soberanía alimentaria como procesos que
salvaguarden la participación y los intereses de los pueblos y naciones.
- La integración
energética en armonía con el medio ambiente.
- Los acuerdos de
integración económica deben poner el acento en las múltiples formas de
economía solidaria, protegiendo el rol de la micro, pequeña y mediana
empresa.
- Este proceso
admite múltiples modalidades institucionales en el ámbito sectorial y
territorial, con diversos grados según la realidad de cada región. En tal
sentido, apoyamos el surgimiento de instrumentos tales como el ALBA, Banco
del Sur y otros, que son expresión de la voluntad integradora de nuestros
pueblos.
- La lucha
democrática debe fortalecer los procesos constituyentes y la creación de
una nueva institucionalidad que considere el rol protagónico del movimiento
sindical, de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los pueblos
indígenas originarios y del conjunto de las fuerzas sociales. En ese
contexto, saludamos la aprobación, por parte de las Naciones Unidas, de la
Declaración Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- El
desmantelamiento de los mecanismos de opresión que conjugan edad, clase,
sexo, género y etnia.
- La activa
solidaridad con los pueblos y gobiernos que construyen caminos
alternativos al capitalismo neoliberal. En este sentido, denunciamos al
gobierno de Estados Unidos por su constante satanización y criminalización
de las luchas sociales y sus actividades de agresión y hostigamiento a los
gobiernos que adoptan el rumbo de la emancipación popular.
- El respeto y
reconocimiento a las culturas y autonomías de las comunidades originarias.
- La resolución de
los conflictos históricos entre las naciones, la reducción de los
presupuestos bélicos, el desarme proporcional y progresivo en todos los
países de la región para reorientar estos recursos a las necesidades de
salud y educación.
- El libre tránsito de las personas y sus
derechos migratorios.
Nuestros pueblos están en
capacidad de unirse a pesar de la diversidad
geográfica, étnica, cultural y política, para imaginar y construir otras
soluciones para este único mundo. Sabemos que esta lucha se enfrenta a enemigos
carentes de escrúpulos, cuya voracidad y hegemonismo han significado enormes tragedias para nuestros pueblos. Aún así,
tenemos fe en la justicia de nuestros postulados y nos hacemos cargo de las grandes epopeyas que a lo largo de
cinco siglos nos han permitido avanzar hacia la condición de pueblos dignos,
sujetos de nuestra propia historia.