CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CGTP
SÍNTESIS INFORMATIVA
EDICIÓN Nº 271, 1 DE SETIEMBRE DE 2006
MIÉRCOLES 20 DE SETIEMBRE: MOVILIZACIÓN NACIONAL DE PROTESTA
¡TODOS A PARTICIPAR!
PRINCIPALES TITULARES
• Mineros de la transnacional Vocal iniciarán una
Huelga Indefinida el próximo 4 de setiembre. Los
efectos de la tercerización, las pésimas condiciones
de trabajo son los principales motivos para esta
medida de fuerza. Paralizarían sus labores más de 3
mil trabajadores. (CGTP)
• El sábado 23 de setiembre en CONAFOVICER se
realizará el Primer Campeonato de Confraternidad
CGTP-Joven "Copa Pedro Huilca Tecse". Mayor
información al 424-2357 o escribiendo a
jchahua@cgtp.org.pe (CGTP).
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fotografías para difundir al Perú
y al mundo, las noticias
elaboradas y protagonizadas
por los trabajadores.
• Trabajadores contratados del Servicio de Agua Potable en Asamblea General
confirman su participación en la Movilización Nacional de Protesta
convocada por la CGTP (CGTP)
El auditorio de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil fue el escenario de
la asamblea general del Sindicato Unitario de Trabajadores Operadores de Estaciones de Control
(Sutopec), gremio que congrega a los tercerizados que prestan servicios a la empresa SEDAPAL.
Participó de la reunión el presidente de la CGTP, Mario Huamán Rivera, quien manifestó a la
concurrencia los objetivos de la movilización del 20 de setiembre. Entre ellos las promesas hasta el
momento incumplidas del actual régimen referidas a la Ley General de Trabajo, la Libre
Desafiliación de las AFPs, etc.
Exhortó a los asambleístas a participar en el ejercicio del justo derecho de protesta con el fin de
lograr las reivindicaciones socio-económicas que nuestras familias reclaman. Concluyó
manifestando que las instalaciones de la federación estaban a su servicio para cuando lo requieran.
El Secretario General del gremio Manuel Ramos, agradeció al compañero Huamán su presencia
y como parte del desarrollo de la agenda informó sobre las reuniones que ha sostenido con
funcionarios de las empresas contratistas. Mencionó que las empleadoras informan que pagan a su
personal altos sueldos, cuando en la realidad los salarios a las justas alcanzan el mínimo vital.
Por ese motivo, dijo que era necesario sumar esfuerzos con otros sectores para conseguir la
igualdad de derechos entre todos los trabajadores, que en el caso de los afiliados a Sutopec
significaría el ingreso a la planilla de la empresa matriz. Agregó que la lucha aislada dilatará la
reivindicación y que era el momento de pasar a otra etapa, la unidad en acción con otros gremios.
Seguidamente, el compañero José Chahua por la Coordinadora de Trabajadores Tercerizados
de la CGTP informó sobre la reunión con la Comisión Ad hoc de la PCM y explicó los objetivos del
espacio promovido por la central mariateguista. Agregó que los trabajadores del sector
telecomunicaciones, minería, electricidad se viene plegando a este clamor de justicia de miles de
familias postergadas por esta forma de vinculación laboral.
También hizo uso de la palabra, Luis Isarra, Secretario General de la Fentap, expresando el
respaldo de su institución a las acciones del gremio. Resaltó que la lucha por los derechos laborales
º
implica a su vez la defensa del derecho al agua, alianza que está permitiendo sumar el apoyo de la
colectividad.
Cerró el rol de oradores invitados el Secretario de Organización de la CGTP, Oscar Alarcón. El
dirigente cgtepista reiteró la invitación a la actividad de protesta del 20 de setiembre y destacó la
iniciativa de los trabajadores del agua potable de acudir al llamado de la central mariateguista en
defensa de sus derechos y de sus familias.
Manuel Ramos, máximo dirigente de Sutopec comunicó la realización de nuevas jornadas de
lucha contra el abuso de las contratistas. Finalmente, agradeció el respaldo de la confederación y la
Fentap y aseguró la asistencia del sindicato a la movilización.
• Médicos aceptan "ampliación' con muchas dudas (La República) La ampliación de horarios en los hospitales de Lima y Callao rige desde hoy, sin embargo
representantes de los cuerpos médicos aseguran que esta redistribución no beneficiará a los
usuarios ya que no se trata de una verdadera "ampliación", pues no se ha contratado nuevo
personal ni se ha incrementado el presupuesto del sector.
"Sin una verdadera reforma en el presupuesto ni el nombramiento de personal no se puede
hablar de un mejor servicio, éste será el mismo que antes. No es más que un acto demagógico ",
dijo el dirigente de la Federación Médica del Perú, Julio Vargas La Fuente.
Cabe señalar que la atención en los hospitales se extenderá hasta las 5 de la tarde, por lo que
alrededor de 3 mil médicos que laboran en Lima y Callao tendrán que cumplir con su Asignación
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (Aetas u horas extras) desde las 2 de la tarde. "Esta medida
se viene tomando desde hace 3 años, no significa cambio alguno", recalcó el dirigente médico.
Entregarán propuestas
Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud,
Leoncio Díaz, indicó que se estudia la posibilidad de tomar medidas de fuerza ante la anunciada
ampliación de horarios.
"Esas serán pacíficas. Se trata de un plantón que realizaremos hoy frente al Minsa para entregar
nuestras propuestas para mejorar el sector salud", afirmó, enfatizando sus nuevos planteamientos.
• CNT verá proyecto de incluir a 'services' en reparto de utilidades
(El Comercio)
El Ejecutivo elabora un proyecto de ley para que los trabajadores de los 'services', que realizan
una labor similar a los empleados en planilla, puedan tener derecho a recibir un porcentaje de las
utilidades de las empresas. La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, dijo que será labor del Consejo
Nacional del Trabajo (CNT) evaluar esta iniciativa antes de que sea enviada al Congreso.
Pinilla declaró a una emisora local que "los 'services' disfrazan un trabajo permanente bajo el
concepto de trabajo especializado". Por tal motivo, se espera eliminar este falso concepto para que
los 'services' sirvan solo para actividades complementarias y trabajos temporales.
Según el Consejo Empresarial para el Desarrollo (Cesden), de ser incluidos los trabajadores de
los 'services' en el reparto de las utilidades, no implicaría un gasto mayor para las empresas,
porque el monto a distribuir durante un determinado ejercicio económico siempre es el mismo.
En este tema hay dos factores a tomar en cuenta: el tope por concepto de participación de las
utilidades para cada trabajador no puede ser superior a 18 remuneraciones mensuales en un año y
si la empresa tuviera excedentes, estos deben remitirse a los programas de generación de empleo
del Ministerio de Trabajo.
Según Cesden, si se incluye a los trabajadores de los 'services' en el reparto de utilidades,
habrá que tener en consideración cuánto menos dinero recibirán los trabajadores incluidos en
planilla y también el ministerio.
De otro lado, la ministra Pinilla dijo que se evaluará si legalmente se pueden extender las
sanciones que aplica la Sunat en materia tributaria a las empresas que no quieren ser supervisadas
por los inspectores laborales.
Además, sostuvo que ya se ha establecido un convenio con el Ministerio de Energía y Minas
para fiscalizar, mediante inspecciones, el cumplimiento de las obligaciones laborales de las
empresas mineras.
REGIONAL
EXTERIOR
• Estudiantes de Medicina de la Universidad San Antonio reclaman mejor trato
para nombramiento de SERUM.
El Servicio Rural de Medicina, conocido como SERUM que desarrollan los estudiantes
egresados de esta profesión, ha sido motivo de protesta por parte de los estudiantes de la Facultad
de Medicina Humana de nuestra Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, quienes
ayer por la mañana realizaron una bulliciosa movilización en los exteriores de la ciudad
universitaria, incluso cerrando el tránsito en la Av. de la Cultura, llegando su protesta hasta la Av.
Víctor Raúl Haya de la Torre, aledaña a su local de facultad.
Los jóvenes estudiantes que están a punto de egresar y que tienen que realizar este Servicio
Rural, sólo pedían que las autoridades de la Dirección Regional de Salud, institución a la que
solicitan el servicio, sea imparcial, pero sobre todo equitativa, pues con una facilidad única se les
otorga el servicio del SERUM a estudiantes egresados de otras universidades, incluso llegados de
Bolivia o Argentina, donde no se solicita dicho servicio, pero que vienen al Cusco a ejecutar esta
tarea para ser admitidos en el sistema médico nacional.
"Señores, estamos cansados de solicitar a diario que se nos otorgue el SERUM a nosotros los
egresados de Cusco; sólo nos dicen "vuelva mañana, vuelva más tarde, sea paciente, vuelva a
ingresar sus documentos", es decir nos "pintonean" de aquí para allá sin darnos una respuesta
contundente, pero ni bien ven llegar a un estudiante de Bolivia o Argentina, la atención es rápida,
incluso se nos discrimina con estudiantes de Arequipa o Tacna", reclamó un estudiante de Medicina
bastante mortificado.
Se ha manifestado que incluso los favores que se otorgan los empleados de la Dirección
Regional de Salud provienen de sobres con sobornos que se les entrega, una denuncia no
comprobada pero que destaparía una verdadera mafia al interior de los responsables de dictaminar
el Servicio Rural de Medicina (SERUM), donde los egresados de otras universidades que no son
públicas tienen favores bastante rápidos.
"Nosotros somos de una universidad pública, no podemos pagar a los señores de la DIRESA y
sin embargo los egresados de Bolivia tienen unas ventajas enormes, sin saber cómo ni cuándo, ya
están en la relación de serumnistas", indicaron los estudiantes de Medicina de Cusco.
Los jóvenes terminaron su protesta en las inmediaciones de la Dirección Regional de Salud,
donde no pudieron entrevistarse con la autoridad pertinente, pero es necesario que de forma
inmediata se regule este servicio, pues no debe ser discriminatorio entre unos y otros egresados de
Medicina, pero debe existir una legislación interna que asegure que nuestros egresados de San
Antonio Abad tengan un puntaje adicional en la calificación para alcanzar el SERUM.
• El Gobierno de Bolivia se enfrenta a Repsol YPF y a otras petroleras para
llevar adelante la nacionalización de sus hidrocarburos. Cuando el reparto de
la riqueza se convierte en un problema. (Americaeconomica.com)
Como era de esperar, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos se está
encontrando con infinidad de obstáculos. Hay ingentes cantidades de dinero en juego y muchos
intereses que, al final, pueden impedir que la mayoría de los pobres de Bolivia se beneficie de esta
polémica medida. Evo Morales topó con las petroleras... y con la corrupción de altos cargos de la
Administración. Un escenario que ha contribuido ha agravar las ya de por sí malas relaciones entre
el Gabinete boliviano y las empresas energéticas que operan en el país.
El Ministerio Público de Bolivia llevó a cabo hace una semana un registro en el que tres fiscales,
acompañados de medio centenar de agentes armados, allanaron la sede central de Andina en
busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal que habrían suscrito la compañía
española y la brasileña Petrobras para realizar un ajuste de precios sobre el gas vendido a Brasil. El
registro derivó en la detención y el arresto domiciliario limitado de Saúl Encinas, auditor de Andina,
acusado de "estafa agravada".
Según el Gobierno los perjuicios causados a Bolivia por ese acuerdo, firmado en 2002 y
cancelado a mediados de este mes, rondan los 160 millones de dólares (125,5 millones de euros),
aunque Repsol YPF ha indicado que el convenio fue legal y no causó daños al Estado boliviano.
La petrolera Repsol YPF respondió dos días después al asalto con un comunicado en el que
indicaba que iniciará las medidas legales que considere oportunas "ante todos los foros de justicia
independientes, nacionales e internacionales" en la defensa de sus derechos y los de sus
empleados si persistía la "injustificada y reiterada persecución judicial" de las autoridades bolivianas
que, a su juicio, sufre Andina, la filial de la compañía en Bolivia.
Este comunicado fue respondido a su vez, por el viceministro de Hidrocarburos boliviano, Julio
Gómez, quien advirtió el pasado martes que el Ejecutivo de Evo Morales no aceptará
"bravuconadas" y que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para
demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que
"saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".
Después de las enfurecidas palabras Gómez, fuentes solventes de Repsol YPF indicaron que la
compañía petrolera se reafirmaba en el comunicado que emitió el domingo pasado y que la
empresa quería evitar la polémica con el Gobierno de Bolivia, por lo que de momento no contestaría
a las acusaciones verbales y sólo lo haría cuando se produjeran hechos concretos.
Y en medio de la disputa con Repsol YPF, el Gobierno boliviano destituía el pasado lunes al
presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge
Alvarado. Su sustituto sería Juan Carlos Ortiz, que hasta entonces ocupaba una de las
vicepresidencias.
Alvarado había sido acusado de infringir el decreto de nacionalización de hidrocarburos con la
firma de algunos contratos que habrían provocado unas pérdidas de 38,5 millones de dólares (30
millones de euros) al Estado. Alvarado rechazó haber cometido algún acto de corrupción, según se
le ha acusado desde algunos periódicos locales.
Además, el Gobierno ha sustituido a algunos miembros de la Administración que habían lanzado
acusaciones contra Alvarado, como Victor Hugo Sainz, superintendente de Hidrocarburos, que será
sustituido por Santiago Berrios, juez de la Corte Suprema. El Gobierno también destituyó al
viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, y nombró para el mismo cargo a Guillermo Aruquipa,
asesor del presidente Evo Morales. Los cambios también han afectado a otros altos cargos de la
Superintendencia de Hidrocarburos.
La Fiscalía de Bolivia extenderá su investigación a Andina, por un presunto perjuicio económico
al Estado boliviano por un contrato con la brasileña Petrobras, que podría prolongarse durante los
próximos seis meses. Aunque el fiscal ha advertido que podrían pedirse las comparecencias de
más directivos de la petrolera y añadió que las órdenes de comparecencia ante la Justicia afectan
ya a unos 20 directivos de Andina.
A día de hoy, YPFB ya tiene en su mano los resultados preliminares de las auditorías que se
llevan realizando desde hace un mes a las petroleras extranjeras que operan en el país andino,
incluida la propia Repsol YPF, aunque estos informes no empezarán a conocerse hasta dentro de
una o dos semanas.
Las conclusiones de las auditorías marcarán el curso de las negociaciones con las petroleras
foráneas en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, pues con ellas se pretende
constatar si las petroleras cumplieron o no con los contratos firmados y con las inversiones
pactadas en los últimos años.
Las auditorías se están realizando en 56 campos petroleros operados por nueve compañías,
entre ellas Andina, la filial de Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco-belga Total Fina Elf y las
británicas British Gas y British Petroleum.
Según cifras de las empresas, en la última década han invertido cerca de 3.000 millones de
dólares (2.343 millones de euros), de los que una mitad se destinó a la exploración de campos
petrolíferos y la otra mitad a la explotación de hidrocarburos. Pero la cortina de humo parece que se
extiende ya sobre cualquier dato de una u otra parte.
Hace falta más firmeza para lograr con verdadero éxito la nacionalización de los recursos
naturales de Bolivia, lo que no significa la necesidad de vistosos asaltos a las explotaciones de
crudo, ni enconadas declaraciones salpicadas de revanchismo.
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Editor: José Chahua Gonzales
Es primordial el diálogo sereno entre el Gobierno y las petroleras, que se resistirán a ceder
gratuitamente sus abundantes beneficios, pero también es vital el trabajo escrupuloso de los
funcionarios del país para evitar la corrupción. Sólo así se conseguirá el noble objetivo de la
nacionalización: acabar con la miseria que sufren la mayoría de los bolivianos.
Impuestos. Pero las disputas no acabaron ahí. El pasado jueves, el Gobierno de Evo Morales
advirtió a Repsol YPF, Petrobras y la francesa Total que no podrían operar en Bolivia si no pagaban
el tributo adicional del 32% de la producción anunciado el pasado 25 de agosto, y que se incluía en
el decreto que sobre la nacionalización de los hidrocarburos publicado el pasado 1 de mayo. Con
estos recursos, el Gabinete de Morales pretende impulsar la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).
Unas horas después Repsol YPF, Petrobras y Total anunciaron que pagarían pagarán durante
la jornada del viernes la primera cuota del citado tributo derivado de las operaciones en los campos
de gas de San Alberto y San Antonio, correspondiente al mes de mayo, y que ascienda a 25
millones de euros.
Fuentes de Repsol YPF aseguraron que la compañía pagará su parte correspondiente,
siguiendo los pasos de Petrobras, que también había afirmado que depositaría el dinero en la
cuenta del Banco Central Boliviano habilitada para el efecto por el Ministerio de Hidrocarburos.
El operador de los citados campos es Petrobras, pero Repsol YPF tiene una participación del
50% por un 35% de la brasileña y un 15% de Total. Cada una pagará 12,6 millones, 8,8 millones y
3,7 millones de euros, respectivamente.
Desde Repsol YPF se precisó que en los posteriores pagos correspondientes a las cuotas de
junio, julio, agosto y septiembre, cuyos plazos vencen el 11 de septiembre, el 18 de septiembre, el
25 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente, "se haría lo mismo" que decida Petrobras.
En cualquier caso, las disputas van a continuar... y más pronto que tarde.
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